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El impuesto sobre las hipotecas satura a los abogados

jose garcia Cosas del día a día
13 Nov 2018 BLOG_NUM_COMMENTS

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La decisión del Tribunal Supremo de atribuir el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) de las hipotecas a la banca ha vuelto a disparar las consultas en los bufetes especializados en reclamaciones financieras, que en los últimos meses habían visto caer notablemente su trabajo, tras la avalancha de demandas por las cláusulas suelo. A pesar de la marcha atrás del Tribunal solo un día después y de que no será hasta el próximo día 5 cuando se fije la doctrina definitiva, la posibilidad de recuperar una cantidad que puede llegar a los varios miles de euros -1.500 euros para una hipoteca de 100.000, por ejemplo- ha levantado enormes expectativas entre un buen número de consumidores.

«Desde que se conoció la primera sentencia el jueves de la semana pasada se han duplicado las llamadas», reconocía ayer el director jurídico de Arriaga Asociados, Francisco García, quien señala, por ejemplo, que muchas de las personas que ya reclamaron los gastos de notaría y tasación se están interesando ahora por exigir también el AJD. Un derecho que García considera «imprescriptible», a pesar de las dudas que ha sembrado el presidente de la Sala al convocar el pleno para revisar la doctrina.

También desde 3 de Tres abogados Elche aseguran que las consultas se han disparado estos días. «Estamos hablando de cantidades muy significativas y muchas personas que antes desistieron de reclamar los gastos porque pensaban que conseguirían poco, ahora se lo replantean», señala Javier Zambudio, asociado de este bufete que, eso sí, recomienda calma y señala que esperarán a saber la decisión del pleno del Supremo antes de presentar ninguna nueva demanda. Una postura que también comparte la letrada Beatriz Vildósola, de Cañizares Abogados: «Mi consejo es mantener la calma, esperar a que se reúnan en el Supremo, leer detenidamente la sentencia y estudiar si es aplicable a cada uno de los casos que llevamos».

Un balance favorable

Las llamadas a los bufetes anuncian, sin duda, una nueva avalancha de reclamaciones ante los juzgados especializados que se crearon en junio del año pasado. Unos órganos que ya estaban colapsados por las demandas anteriores pero en los que los consumidores van ganando por goleada la batalla. Así, hasta el 95,2% de las sentencias que han emitido esos juzgados durante su primer año de vida ha sido para dar la razón a los clientes de las entidades, que han podido recuperar de esta forma el sobreprecio que pagaron por sus créditos.

Así, lo revela el último balance realizado por el Consejo General del Poder Judicial, que incluye datos hasta junio de este año. En este tiempo la cifra de denuncias presentadas -básicamente por cláusulas suelo y reclamación de gastos de las hipotecas- alcanza las 8.890, de las que solo se habían resuelto al cierre del segundo trimestre 1.082, es decir, un 12,17%. De este total, 317 se han solucionado sin llegar a juicio -lo que significa que las partes alcanzaron un acuerdo antes de la vista-, mientras que los jueces dictaron 765 sentencias: 729 estimatorias - el 95,2%- y 36 desestimatorias.

A la vista de estos números -muy similares a nivel nacional-, lo que cabría preguntarse es por qué los bancos no pactan con anterioridad y se evitan todas estas demandas. «En parte, es una forma de retrasar el desembolso que deben realizar pero también es cierto que se intentan agarrar a cualquier posibilidad para tratar de que se desestime el caso», apunta Pedro Pérez, de Pérez Cortés Abogados. Sin embargo, de momento, las entidades solo están logrando sentencias a su favor en casos muy concretos, principalmente cuando logran demostrar que el tomador de la hipoteca no lo hizo en condición de consumidor sino como empresario o con fines económicos, algo que ocurre, por ejemplo, cuando la hipoteca incluye un local comercial.

El Gobierno no es ajeno a esta situación y, de hecho, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, anunció ayer que se estudia imponer intereses sancionadores a las entidades que recurran a la vía judicial para demorar las devoluciones.

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